¿El agua es un derecho o un bien económico? En Chile aún no han dado con una respuesta a esta pregunta, lo cual ha ocasionado infinidad de conflictos en el país andino, en donde se pronostica que la disponibilidad del preciado líquido para los habitantes de la capital, caerá un 40% para 2070.

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Un Código excluyente

La escasez de agua que afectará a la capital, ya es una realidad para la mayoría de los pueblos indígenas de Chile. En las regiones del norte, el impacto de la minería y la falta de regulación de los mercados del agua, han llevado a la escasez y a la contaminación de los pocos recursos con los que cuentan las comunidades locales. Desde la introducción del Código del Agua de 1981 en Chile, los recursos hídricos han estado gobernados por las más estrictas reglas de mercado, sin que el gobierno sea capaz de intervenir. El Código consagra esta metodología para facilitar el uso de los recursos y asegurar los derechos de propiedad en condiciones competitivas.

Dicho Código es único en América del Sur y permite la extracción de agua (tanto de superficie como subterráneos) bajo las reglas que impone el mercado, sin proporcionar las más mínimas salvaguardias ambientales. En la práctica, el Código no ha logrado coordinar el uso del agua y resolver los conflictos de las cuencas hidrográficas, sino que por el contrario ha aumentado la especulación privada, el acaparamiento y el monopolio sobre los derechos de agua.

En 2005, el gobierno chileno trató de abordar algunas de estas cuestiones con un conjunto de reformas tangenciales, una de las cuales obliga a los usuarios de agua a pagar una cuota anual al Estado por el agua no utilizada, en un intento por evitar la especulación. Pero estas medidas políticas no contemplan los derechos de las comunidades indígenas.

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Un caso significativo

El caso de los Atacameños es particularmente dramático. Aunque esta comunidad había desarrollado históricamente actividades agrícolas y culturales a lo largo del río Loa, después de la aplicación del código de 1981, la comunidad perdió el acceso a una gran cantidad de agua, ya que la gente no se dio cuenta de la necesidad de registrar sus derechos oficialmente.

De hecho, a varias comunidades se les indujo a que solamente registraran sus derechos de agua, cuando éstos tenían por fin el empleo de la misma para usos agrícolas, bajo la amenaza de que si no, tendrían que pagar impuestos adicionales.

Consecuentemente, grandes cantidades de agua del río Loa fueron oficialmente consideradas como «no utilizadas» y abiertas a la reasignación a otros sectores. Ahora, las comunidades indígenas sólo cuentan con una parte de sus provisiones originales, lo que representa una pérdida significativa de bienes culturales y productivos.

Fuente: EcoNoticias