Autor: Ing. Agrícola   CARLOS MIGUEL CABREJOS VÁSQUEZ – CIP 52654

E-mail: cayalti61@gmail.com

Egresado de la Universidad Nacional Agraria – La Molina. 25 años de experiencia profesional en la ejecución y gestión de proyectos, obras y estudios para el desarrollo rural sostenible, trabajos de promoción y capacitación a los usuarios de agua de riego, agua y saneamiento, y pequeños productores, orientado en la gestión y promoción de los recursos naturales e hídricos, la gobernabilidad local y la producción agroecológica.

Su experiencia profesional la ha desarrollado en la sierra del sur andino y en la costa norte, trabajando con diferentes instituciones y organizaciones públicas y privadas: gobiernos locales, comunidades campesinas, organizaciones de usuarios de riego, de agua y saneamiento y de pequeños productores. Ha contribuido en el desarrollado experiencias de capacitación a adultos, como es el caso del “Programa de Capacitación para el Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión de las Organizaciones de Usuarios” para personal de las ex ATDR y JU de todos los valles de la costa del Perú”

Actualmente Preside el Capítulo de Ingenieros Agrícolas del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Piura, y desarrolla sus experiencias en la docencia de la Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional de Piura.

La gestión de los recursos hídricos del Perú ha pasado por tres normas que la han regido: La primera, El Código de Aguas (1902), la segunda la Ley General de Aguas, 17752 (julio 1969) y la tercera la Ley de Recursos Hídricos, 29338 (marzo 2009). Entre cada una de estas no solo han pasado 67 y 40 años respectivamente, sino el país vivió momentos o etapas diferentes, durante el Código de Aguas, se vivía la época de las grandes haciendas, el boom de la caña de azúcar y el algodón en las haciendas de la costa, se priorizan los estudios y la ejecución de algunas irrigaciones, la Colonización San Lorenzo fue un proyecto particular y especial para el país a favor de la mediana agricultura; fue una experiencia exitosa en todos los sentidos, y fue modelo de gestión en otros países. Cuánto hemos aprendido de ello, parece que muy poco.

El golpe de estado del General Velasco, generó cambios estructurales en el país. Impone una política estatista y de control de precios, impulsa una reforma agraria que se rompe con lo bueno y lo malo de las grandes haciendas. Pasó la gestión y la tecnología punta en el agro, a las Cooperativas, SAIS y Comunidades Campesinas. En este contexto se promulga la Ley General de Aguas para acompañar y fortalecer el proceso de Reforma Agraria, además continuó con la promoción y ejecución de las irrigaciones, como el Chira Piura, donde se priorizó el uso agrario del recurso.

Desde 1993, se cuenta con una nueva constitución, orientada al cambio de política económica, pasando del estatismo al libre mercado. Se inicia por esos años el debate de una nueva ley de aguas, la misma que después de 16 años de debate se promulga la Ley de Recursos Hídricos, promoviendo la inversión privada en las futuras irrigaciones y mercado de tierras. Uno de los factores que hace diferente a esta ley con la anterior, son los PRINCIPIOS que la rigen (artículo III de su Título Preliminar). A continuación se mencionan los principios más importantes:

Valoración del agua y de gestión integrada del agua: El Estado destaca que el agua tiene valor sociocultural, económico y ambiental, por lo que su uso debe basarse en la gestión integrada y en el equilibrio entre estos. El agua es parte integrante de los ecosistemas y se renueva con el ciclo hidrológico.

Prioridad en el acceso al agua por parte del Estado para satisfacer las necesidades primarias de la persona humana es prioritario por ser un derecho fundamental sobre cualquier uso, inclusive en escasez.

3. Participación de la población y cultura del agua: El Estado crea mecanismos para la participación de los usuarios y población organizada en la toma de decisiones que afectan el agua en cuanto a calidad, cantidad, oportunidad u otro atributo del recurso. Fomenta el fortalecimiento institucional y el desarrollo técnico de las organizaciones de usuarios de agua.

Promueve programas de educación, difusión y sensibilización, mediante las autoridades del sistema educativo y la sociedad civil, sobre la importancia del agua para la humanidad y los sistemas ecológicos, generando conciencia y actitudes que propicien su buen uso y valoración.

4. Principio de seguridad jurídica: El Estado consagra un régimen de derechos para el uso del agua. Promueve y vela por el respeto de las condiciones que otorgan seguridad jurídica a la inversión relacionada con su uso, sea pública o privada o en coparticipación.

5. Respeto de los usos del agua por las Comunidades Campesinas y nativas:   El Estado respeta los usos y costumbres de las CC y CN, así como su derecho de utilizar las aguas que discurren por sus tierras, en tanto no se oponga a la Ley. Promueve el conocimiento y tecnología ancestral del agua.

6. Sostenibilidad: El Estado promueve y controla el aprovechamiento y conservación sostenible de los recursos hídricos previniendo la afectación de su calidad ambiental y las condiciones naturales de su entorno, como parte del ecosistema donde se encuentran. El uso y gestión sostenible del agua implica la integración equilibrada de los aspectos socioculturales, ambientales y económicos en el desarrollo nacional, así como la satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras generaciones.

9. Principio de eficiencia: La gestión integrada de los recursos hídricos se sustenta en el aprovechamiento eficiente y su conservación, incentivando el desarrollo de una cultura de uso eficiente entre los usuarios y operadores.

10. Principio de gestión integrada participativa por cuenca hidrográfica: El uso del agua debe ser óptimo y equitativo, basado en su valor social, económico y ambiental, y su gestión debe ser integrada por cuenca hidrográfica y con participación activa de la población organizada.

Además, los tres primeros artículos son la base de la ley anterior y actual:

Artículo 1.- El agua: Es un recurso natural renovable, indispensable para la vida, vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que la sustentan, y la seguridad de la Nación.

Artículo 2.- Dominio y uso público sobre el agua: El agua constituye patrimonio de la Nación. El dominio sobre ella es inalienable e imprescriptible. Es un bien de uso público y su administración solo puede ser otorgada y ejercida en armonía con el bien común, la protección ambiental y el interés de la Nación. No hay propiedad privada sobre el agua.

Artículo 3.- Declaratoria de interés nacional y necesidad pública: Declárase de interés nacional y necesidad pública la gestión integrada de los recursos hídricos con el propósito de lograr eficiencia y sostenibilidad en el manejo de las cuencas hidrográficas y los acuíferos para la conservación e incremento del agua, así como asegurar su calidad fomentando una nueva cultura del agua, para garantizar la satisfacción de la demanda de las actuales y futuras generaciones.

Después de revisar las leyes referidas a los recursos hídricos, y al introducirnos al tema de la gestión de los recursos hídricos, preguntamos, …“en qué momento se jodió la buena gestión de los recursos hídricos en Piura”… Necesitamos reflexionar y buscar donde empieza la debilidad institucional y la CRISIS del AGUA en Piura. Los últimos meses del 2013 nos ha permitido pasar en Piura, una de las peores crisis del agua porque han colapsado los dos sistemas mayores (Poechos y San Lorenzo), poniendo en riesgo a la infraestructura hidráulica mayor, la salud de la población, la pérdida económica de los pequeños agricultores con cultivos permanentes y transitorios, todo ello por el mal manejo y planificación de la segunda campaña agrícola.

Los piuranos hemos olvidado lo que pasó el segundo semestre del año 2005, cuando el Gobierno Regional Aprista en una situación parecida promulgó una Ordenanza Regional que prohibía la campaña chica de arroz en los valles del Chira y Bajo Piura; al día siguiente con la toma de las carreteras y la movilización de los agricultores, se tuvo que retroceder y dejar sin efecto, poniendo en riesgo lo antes señalado.

Podemos preguntar: ¿Cuánto poder hay detrás de las campañas chicas de arroz?. ¿Qué pasa con la  Autoridad del Agua, por parte del Estado – ANA/AAA/ALA, y las Juntas y Comisiones de Usuarios?. Por qué seguir aceptando el incremento y las grandes extensiones de arroz en la segunda campaña de cada año, sabiendo que según la ley, tiene prioridad el consumo humano y los cultivos permanentes. ¿Qué pasa con la interferencia del Poder Judicial para no sancionar hechos y actos de malos agricultores – usuarios que desacatan la ley, agreden a sectoristas o guardianes de agua?.  Habrá algún momento en que Autoridades, Funcionarios y dirigentes honestos de las Juntas y Comisiones de Usuarios hagan prevalecer la autoridad, el respeto a la ley de recursos hídricos y a sus organizaciones, sin entrar en proselitismo o campañas electorales?. Aquí algunos comentarios adicionales a la problemática:

1. La oferta hídrica del departamento de Piura para los primeros seis meses de cada año, tiene un superávit hídrico. No se necesita controlar las áreas instaladas de los diferentes cultivos, ni el área de arroz.
2. Los problemas vienen durante el segundo semestre (de julio a diciembre) de cada año, porque la región cuenta 650 MMC de agua (450 MMC en el reservorio Poechos y 200 MMC en el reservorio Los Cocos). Por lo tanto, son estos datos los que tienen que servir para planificar la segunda campaña agrícola en los valles de San Lorenzo, Chira y Medio y Bajo Piura, además introducir en la planificación de las demandas de agua a los diferentes usuarios de uso no agrario.
3. ¿Quiénes son los que operan, usan y manejan la infraestructura hidráulica mayor y menor?, según la ley están a cargo de los proyectos especiales y en las Juntas de Usuarios, por lo tanto ¿Por qué las Comisiones y Juntas de Usuarios, el Proyecto Especial Chira Piura y las ALAs aceptan instalar mayores áreas las que luego no van a ser atendidas, poniendo en riesgo a los cultivos permanentes. ¿Dónde están los resultados del trabajo que viene realizando por años el Comité de Gestión del Chira Piura?.
4. Los Usuarios – Agricultores, los Funcionarios y las Autoridades son sordos, necios o tontos que a pesar de saber que el cultivo de arroz demanda de altos módulos de agua de riego, en periodos muy cortos de tiempo (4 a 5,000 m3/ha/mes). ¿Cuándo empezamos a trabajar algo en serio para detener las pérdidas de los suelos agrícolas (más de 15,000 ha con diferente nivel de degradación de los suelos por el mal manejo del agua)?. A ello se suman los altos costos que demanda el mantenimiento del sistema de drenaje, debiendo el gobierno regional y los gobiernos locales destinar recursos para su rehabilitación.
5. El Proyecto Especial Chira Piura, acaba de recibir de la Autoridad Nacional del Agua, la Acreditación que lo reconoce como el Operador de la Infraestructura Hidráulica Mayor Chira Piura, felicitaciones por ello, por ser uno de las primeras instituciones de Piura en recibir dicho reconocimiento. Y surge la pregunta de fondo, con ello el PECHP y sus técnicos de alota capacidad técnica, tendrá la autonomía para operar eficientemente el sistema hidráulico Chira Piura, sin interferencia de los directivos, funcionarios y autoridades regionales – nacionales.
6. Hasta ahora el PECHP y las Administraciones Locales de Agua – ALA Chira y Medio y Bajo Piura, se han convertido en oficinas receptoras de las demandas de agua para atender el riego de los cultivos programados durante la semana. Por lo que el PECHP debe preocuparse en abrir las válvulas para entregar el agua, según las demandas de las Juntas y Comisiones de Usuarios. NO factura el 30% del agua que entrega por acuerdos de pérdidas de agua por conducción, datos por demás altos que deben ser ajustados de manera técnica.
7. En qué momento el PECHP y las ALAs analizan y cuestionan las intenciones de siembra, las programaciones de riego y las demandas de agua que plantean las Juntas de Usuarios. Sabemos que pasa con los técnicos que realizan una supervisión coherente respecto al pedido que hacen las Juntas de Usuarios.

COMENTARIOS FINALES:

• El Estado a través de la Dirección General de Aguas y Suelos – DGAS del Ministerio de Agricultura mantuvo hasta 1989, la AUTORIDAD y la Operación y Distribución del Agua. Ese año el Gobierno Aprista emite el DS 037-89-AG, transfiriendo la Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica y la Cobranza de la tarifa y canon de agua a las Juntas de Usuarios. No hubo ninguna transición por parte del gobierno ni de la DGAS que permita realizar una buena transferencia de esta experiencia a las organizaciones de usuarios.
• El pago de la Tarifa de Agua se hacía principalmente, a través del Banco Agropecuario – Agrario, por lo que la relación usuario – organización de regantes fue débil. A esto se sumó el cierre del banco agrario, la crisis del agro y la parcelación de las cooperativas.
• En julio del 2014, los usuarios de las diferentes organizaciones cumplirán 25 años gestionando la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica menor y la cobranza de la tarifa de agua y el canon o retribución económica, algunos han logrado buenos y malos resultados. Hace más de 10 años, la Junta de Usuarios San Lorenzo destacaba a nivel del país, como una Junta modelo a seguir, pero ahora deja mucho que desear; y por el contrario, ha sido la Junta de Usuarios del Medio y Bajo Piura, quien ha tenido un avance importante. La ANA debe realizar en Piura, una evaluación real del trabajo de las Juntas de Usuarios, y sobre ello replantear ajustes y estímulos para mejorar la gestión de los recursos hídricos en estas organizaciones de usuarios; por el contrario les ha pedido que inicien el proceso de acreditación para autorizarles ser Operadores de la Infraestructura Hidráulica Menor.
• Fortalecer la Institucionalidad Regional y levantar la Crisis del Agua en Piura, o sea, ordenar esta problemática social demanda de compromisos, voluntades y decisiones reales de todos los actores involucrados en la gestión de los recursos hídricos, principalmente de las Autoridades, Funcionarios y directivos con liderazgos, convencidos de iniciar el 2014, el punto de quiebre para conseguir dentro de los próximos meses, una real gestión integrada de los recursos hídricos, porque el crecimiento económico de Piura lo demanda a gritos; porque el cambio climático y la irregularidad del clima y del ciclo del agua ya nos anuncia sequías más severas; porque no debemos seguir aceptando caprichos e intereses individuales de malos elementos que quieren interponerse a los intereses regionales, como seguir perdiendo los suelos agrícolas, poniendo en riesgo la infraestructura hidráulica, debido a un mal manejo del agua; porque todos los usuarios y población en general debemos tener una nueva actitud y cambio de cultura y valoración del agua, elemento por demás prioritario para la vida humana y terrenal.

El Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chira Piura ha concluido después de 18 meses, con la elaboración y aprobación del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la cuenca Chira Piura, ahora debe liderar el enfrentamiento de esta problemática, como se ha planteado en su objetivo de corto plazo. Este liderazgo recae en la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, apoyado con el Proyecto Modernización para la Gestión de los Recursos Hídricos, el Instituto Regional de Apoyo a la Gestión de los Recursos Hídricos, las Universidades, la Junta Regional y, la participación activa y real de la Autoridad Nacional del Agua a través de la AAA y ALAs.

¡LA INSTITUCONALIDAD REGIONAL Y LA CRISIS DEL AGUA EN PIURA, DEMANDA URGENTE IMPULSAR PROCESOS TÉCNICO SOCIALES COHERENTES, DIFERENCIADOS POR VALLE, QUE PREMIEN LAS BUENAS ACCIONES, RESPUESTAS E INICIATIVAS DE LAS COMISIONES Y JUNTAS DE USUARIOS PARA SUPERAR ESTA CRISIS. LAS OBRAS CIVILES A EJECUTARSE DEBEN SER EL PREMIO O ESTÍMULO POR EL BUEN TRABAJO PARA LOGRAR ESTOS CAMBIOS, Y NO AL REVÉS¡